Alpha traslada a Castilblanco el domicilio social de dos empresas

El Boletín oficial del Registro Mercantil (Borme) ha publicado el traslado a Castilblanco de las empresas Alpha Themisyu Holding y Alpha Properties Inversiones. Ambas fueron creadas el pasado verano en Málaga por una asesoría especializada en la constitución de compañías para posteriormente traspasarlas con todos los trámites administrativos ya realizados.

El pasado mes de noviembre modificaron su denominación inicial por las dos indicadas tras pasar al grupo Alpha. Asimismo, cambiaron de administrador único (en ambas figura John Axel Hans Andersson). Ahora las dos han trasladado su domicilio social al número 5 de la calle Reyes de España de Castilblanco, donde existe una pequeña casa.

Aportar más documentos implica paralizar la tramitación, pero el proyecto sigue adelante

Además, una de estas empresas ha cambiado su objeto social para, igual que la otra, dedicarse a la compra, venta y la urbanización de terrenos rústicos y urbanos, así como a la construcción y promoción de todo tipo de edificaciones. El traslado a Castilblanco de estas empresas, vinculadas a Alpha, supone un paso más en el desarrollo del proyecto, como indica el director de Comunicación y Sostenibilidad de Cora Alpha, Ignacio Sojo.

En cuanto a la propuesta de gran instalación, Sojo insiste en que el juego no es el eje principal. Aunque reconoce que se ha pedido a la Junta una licencia máster para 33 casinos, señala que se debe a que en caso de que en el futuro se quisiera plantear una ampliación sería necesario iniciar todo el procedimiento, como recoge la ley extremeña. Por ese motivo, la compañía ha preferido solicitar más de lo previsto inicialmente. Pero insiste en que la primera fase sólo contempla cuatro instalaciones de juego.

Tramitación a la espera

La tramitación se encuentra actualmente paralizada a la espera de que la empresa aporte más documentación. La Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta es el organismo encargado de estudiar esta solicitud. Según indica, el procedimiento ha quedado paralizado debido a que Cora Alpha ha pedido «subsanar una serie de cuestiones administrativas».

La Ley extremeña de grandes instalaciones de ocio (Legio) establece que, una vez recibida la solicitud, Hacienda debe constituir una comisión interadministrativa especial integrada por los titulares de los centros directivos afectados por el proyecto de gran instalación, a la que se podrán incorporar técnicos y expertos de otras administraciones. La Junta señala que, debido a la petición de la empresa, esta comisión aún no se ha constituido.

La creación de la comisión interadministrativa implica el inicio del procedimiento, ya que la Legio fija que en el plazo de un mes este grupo de trabajo debe proceder al examen de la solicitud formulada y de la documentación aportada y emitir un informe técnico sobre la concurrencia de los requisitos objetivos del proyecto. De ser necesario, la Junta puede pedir más información.

Simultáneamente a la constitución de la comisión hay que remitir copia de la solicitud y documentación adjunta a los ayuntamientos de los municipios afectados y demás administraciones para que, en el marco de sus competencias, emitan su parecer en el plazo improrrogable de 45 días. También de forma simultánea se someterá el proyecto completo a información pública durante 45 días. A partir de ese momento, el grupo de trabajo dispone de otros 60 días para informar si procede o no conceder la calificación de gran instalación de ocio.

El responsable de Comunicación y Sostenibilidad de Cora Alpha señala que el proceso no se ha suspendido, sino que se ha decidido ampliar la documentación aportada antes de que la Junta pueda solicitar su entrega. «Nada se ha parado, todo continúa», explica.

Sojo señala que estos proyectos no son sencillos y que implican a muchas partes, lo que complica la aportación de documentos, poderes, contratos, etc.

Entre otras cuestiones, la Legio obliga a aportar el nombre o razón social y domicilio de las empresas solicitantes y acreditación de las personas que actúan en su representación; la identificación de la sociedad mercantil gestora a la que corresponderá la dirección y ejecución del proyecto con datos sobre el importe y distribución de su capital social, nombre y apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas titulares de las acciones; contrato de constitución de la agrupación de interés económico en caso de que la entidad promotora se componga de varias empresas; documentos acreditativos de la titularidad o disponibilidad efectiva de, al menos, dos tercios del terreno del proyecto; un proyecto urbanístico de plan de ordenación con incidencia territorial y de ejecución; un documento inicial estratégico para empezar a evaluar el impacto ambiental; una propuesta de plan de seguridad y emergencias y un documento que acredite la constitución de un aval a favor de la Junta de Extremadura por importe de diez millones de euros.