Una de cada tres quejas a la Defensora del Pueblo es sobre empleo público

Opositores de Enfermería a las puertas del examen en Cáceres. :: l. c.
Opositores de Enfermería a las puertas del examen en Cáceres. :: l. c.
  • El número total de reclamaciones desde la región bajó levemente en 2016 respecto a 2015, pasando de 306 a 300

Los extremeños se quejan y reclaman ante la institución del Defensor del Pueblo sobre todo por empleo público. Así se desprende de la memoria de 2016. Desde Extremadura se presentaron 300 quejas ante la institución que dirige Soledad Becerril y, de ese número, 96 expedientes tenían que ver con el área de función pública. El informe revela además que los extremeños mantuvimos prácticamente el mismo nivel de quejas. De 306 presentadas en 2015 se bajó a 300 en el año pasado. También se recoge que el año pasado se trasladaron tres recomendaciones a la Junta para que modifique diversa normativa.

La memoria del Defensor del Pueblo indica que, de largo, la preocupación principal de ciudadanos de la región tiene que ver con lo que se relaciona con empleo público. Fueron 96 quejas el año pasado, de ellas, 68 llegaron de residentes de la provincia de Badajoz y 28 de territorio cacereño.

Tras el empleo público, la actividad económica en general (el informe no concreta más aspectos) supuso a mucha distancia el segundo gran bloque de reclamaciones. Se presentaron 27 (15 de la provincia cacereña, 12 de la pacense). El tercer gran bloque es por cuestiones relacionadas con la justicia, 24.

Cuestiones medioambientales (16 presentadas), impuestos (15) o vinculadas a ayuntamientos y diputaciones (13) tuvieron también protagonismo. Y una queja se trasladó por una cuestión sobre una de las dos cárceles extremeñas (tampoco se detalla cuál y el motivo). De las 300 quejas presentadas en total que procedían de Extremadura, 171 llegaron de localidades de Badajoz y 121 de poblaciones de Cáceres. En el conjunto del país bajaron un 7,5 % en el 2016. Se quedaron en 16.485.

Peticiones a la Junta

La memoria del Defensor del Pueblo no solo recoge las reclamaciones presentadas por particulares sino recomendaciones y sugerencias que la institución traslada a las comunidades autónomas.

En el caso concreto de Extremadura, la Defensora del Pueblo se dirigió en 2016 a la Junta para tres asuntos. Uno tiene que ver sobre la expedición de una tarjeta sanitaria adicional a los hijos menores de padres separados o divorciados. Se recomendó al Gobierno extremeño la emisión de duplicados de esas tarjetas para facilitar la movilidad.

La respuesta de la Junta, se indica, es favorable a asumir la recomendación pero señala dificultades para su materialización, «dado que al tratarse de una tarjeta de chip no resulta factible establecer duplicados a riesgo de que ambas tarjetas se anulen. Se reseña que se están haciendo estudios para ofrecer duplicados en soporte no electrónico».

Una segunda cuestión planeada tiene que ver sobre la continuidad de la atención a las personas en situación de dependencia, para que no suspenda «la acción protectora de una persona ya declarada en tal situación ante la petición de una revisión de grado por agravamiento». El Defensor sugiere al Ejecutivo regional que se abone al interesado las cantidades de prestación económica vinculada al servicio de atención residencial durante el tiempo en que se tramitó la correspondiente revisión. La respuesta de la Administración extremeña a esa propuesta «no resulta concluyente, el asunto figura como pendiente», se comenta.

Por último, se dirige a la Junta sobre la diferencia máxima de edad entre adoptantes y adoptado. El Código Civil establece el límite máximo en 45 años. Sin embargo, en Extremadura está fijado en 40 años. Pide el Defensor del Pueblo que se modifique la norma autonómica.

«Carece de sentido establecer un límite más riguroso como requisito de idoneidad cuando no se acreditan especiales razones de la población de Extremadura para mantenerlo». La respuesta recibida no es concluyente. «El asunto está en seguimiento», se recoge en la memoria.

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